Entre una disculpa pública y una multa equivalente al 2% de la facturación de los últimos tres meses podrían ser las sanciones que adoptaría la Super-intendencia de Comunicación (Supercom) contra el caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) y Diario EL UNIVERSO.
Para una decisión, el organismo tiene tres días hábiles, según el Reglamento para el tratamiento de las denuncias que se presenten por el incumplimiento de la Ley de Comunicación. Ayer se instaló en su primera audiencia pública.
Ahí las partes presentaron las pruebas de cargo y descargo, dentro del expediente administrativo que se abrió el 10 de enero pasado contra Bonil, fundamentado en los artículos 10, numerales 4, 17, 22, 25 y 71 de la Ley de Comunicación.
El caso se inició tras la publicación de la caricatura sobre el allanamiento a la vivienda del asesor legislativo Fernando Villavicencio, el 28 de diciembre del año pasado.
Su difusión, según la Supercom, incumplió las normas mencionadas que obligan a quienes ejercen comunicación a abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de información y opinión, respetar los derechos de autor y asumir la responsabilidad por la información y opinión. Así como respetar el derecho de las personas a recibir información de relevancia pública veraz, verificada, contrastada, precisa y contextualizada y abstenerse de tomar una posición en asuntos judiciales.
Estas fueron las pruebas de cargo que presentó la Supercom durante la audiencia, que demoró una hora y quince minutos, la cual estuvo presidida por la directora jurídica Ximena Segura.
El abogado de Bonil, Ramiro García, afirmó que con la denuncia la Supercom vulneró los derechos humanos de su cliente y su libertad de expresión.
La defensa del Diario, a cargo de Pedro Valverde, pidió que se excluyera a EL UNIVERSO de este procedimiento, considerando que las caricaturas forman parte de la página editorial, que son de responsabilidad de sus autores.
Advirtió que no se allanarán a este proceso inconstitucional que afecta tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión.
«No se cumple con las normas del debido proceso, porque lo hace un tribunal especial, que en este caso el juzgador y el acusador todos forman parte de una misma institución: la Superintendencia de Comunicación», anotó.
Xavier Bonilla llevó en sus manos dos grandes lápices de cartón: uno de punta larga que representaba la libertad de expresión, y el otro con un largo borrador, sin punta, que hacía alusión a la censura. Con uno de ellos escribió en una cartulina «¡Viva la libertad! de opinión».