La Universidad de Guayaquil ofrece maestrías en convenios con entidades privadas que se encargan del manejo económico y comparten la organización y ejecución.
El hecho suena contradictorio: un centro de estudios que «terceriza» la oferta de sus cursos de posgrado, según el término utilizado por el Consejo de Educación Superior (CES).
El sistema no es nuevo. Data de antes de la administración del actual rector, Carlos Cedeño, en el cargo desde el 2004.
En síntesis, funciona así: la Universidad firma un convenio con una consultora para efectuar uno o más programas de posgrado. La institución asume la gestión académica, que incluía la selección de profesores, revisión de contenidos y programas, registro de notas y procesos de graduación.
La consultora se hace cargo de la contratación y traída de los profesores, su viaje y alojamiento; de la entrega de materiales para los cursos y de refrigerios, entre otros pagos varios.
En lo económico, las consultoras entregaban a la Universidad entre el 8% y 10% de los ingresos totales previstos.
Por ejemplo, si una maestría costaba 4.000 dólares por alumno y se inscribían 100, se estimaban ingresos por 400.000. Entonces, si la consultora debía entregar a la Universidad el 10%, eran 40.000 dólares.
Recién en los últimos años ese porcentaje llegó a ser del 40% y 50%. Ese valor debía ser aportado independientemente de si al final todos los alumnos pagaban o terminaban el curso.
Los maestrantes pagaban directamente a la consultora por los cursos y no a la Universidad. Eso es lo que cuestionan el CES y la Comisión de Intervención (presente en la institución desde el 23 de octubre pasado). Hace dos semanas resolvieron pedir la suspensión de los convenios con este sistema.
El origen del mecanismo
A fines de los 90 e inicios de los años 2000 se produjo una alta demanda social de títulos de cuarto nivel o posgrado.
La Universidad se vio ante la doble necesidad de ofrecer esos cursos; y a la vez de proveer esos títulos a sus maestros.
Sin profesores con el nivel para dictar posgrados, y con la lentitud burocrática y falta de recursos para contratar maestros extranjeros, recurrió entonces a entidades privadas.
«No se podía pagar a tiempo los honorarios y viáticos de los profesores internacionales», aduce Wilson Maitta, exdecano de la Facultad de Medicina.
Se refiere a que las entidades públicas deben cumplir trámites y requisitos que dilatan el proceso. Las consultoras académicas, por ser privadas, podían realizar los pagos de manera más rápida y directa.
Al menos la mitad de las entonces 17 facultades de la Universidad aplicaron el sistema.
«Son absolutamente legales, todo estaba autorizado por los organismos superiores», afirma Maitta, aludiendo al entonces Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y al propio Consejo Universitario.
Una vez aprobados los programas de posgrados por el Conesup, las facultades presentaban las opciones de consultoras y los convenios se aprobaban en Consejo Universitario.
Medicina ofreció una maestría en Salud Alimentaria. No lo repitieron porque tuvo escasa participación: 13 alumnos.
Otras, como Ciencias Administrativas, han tenido mayor demanda. El director de posgrados, Félix Chang, estima que han graduado 2.000 magisteres en Administración de Empresas. Ahora tienen 16 grupos de entre 25 y 36 alumnos. Cerca de 500 maestrantes.
El nuevo decano de la facultad, Marco Suraty, dice estar en desacuerdo con ello y muestra un documento de noviembre pasado, según el cual, dispuso la suspensión del sistema. Es decir, antes de que lo hicieran el CES y la Comisión.
Otros decanos se abstuvieron de pronunciarse, alegando que primero deseaban entregar el informe que les solicitó la Comisión de Intervención.
Foto: El Comercio