La Subsecretaría del Litoral del Ministerio de Justicia inició, a partir de este mes, el monitoreo del sistema de Defensoría Pública en Milagro, Machala, Babahoyo, Santa Elena y Zaruma.
El objetivo es generar acercamientos con los Gobiernos locales, el Consejo de la Judicatura y las Gobernaciones, para dotar de espacios físicos, mobiliarios y equipos de computación a los defensores públicos.
Se estima un presupuesto de 50.000 dólares para mejorar el servicio de asesoría penal, laboral, de conflictos de tierras, comunales y de la niñez, incluyendo la construcción de seis oficinas en cantones grandes.
