Los ministros de Ambiente y Recursos Naturales No Renovables, Marcela Aguiñaga y Wilson Pástor, respectivamente, defendieron hoy el operativo militar, realizado la semana pasada y que destruyó 67 máquinas para frenar la minería ilegal en el norte de la provincia de Esmeraldas.
«Por qué a nadie le llama la atención lo que va a pasar con las vidas humanas de los pobladores que están tomando agua absolutamente contaminada con arsénico, donde hay destrucción a la calidad de vida (…)», cuestionó Aguiñaga durante una rueda de prensa.
Los funcionarios indicaron que apoyarán a los verdaderos mineros artesanales de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, pero que las grandes empresas ilegales que causaron daños ambientales en la zona serán demandadas y deberán pagar por la remediación ambiental.
«(…) Llevar adelante la cuantificación de los pasivos ambientales que van a haber en la zona, que también el Estado tendrá que demandarlos a quienes lo hayan causado», dijo Aguiñaga.
«No vamos a permitir que se considere al Ecuador como un país tierra de nadie y vamos a poner orden», agregó Pástor.
Ayer, las autoridades mantuvieron una reunión en Quito con los mineros afectados.
Una comisión formada por Plan Ecuador, el Viceministro de Minas y representantes de los pequeños mineros de San Lorenzo y Eloy Alfaro, estudian procesos de minería responsable.
En un plazo máximo de seis meses serían regularizados.
