La columnista británica Sally Burch, residente en Ecuador, apunta contra la campaña mediática de Chevron, en el portal Truth Out. A continuación el texto íntegro:
El Presidente del Ecuador ha hecho un llamado para que los pueblos alrededor del mundo boicoteen los productos de Chevron como una manifestación de rechazo a la evasión de responsabilidad de la empresa por la contaminación por petróleo en la cuenca del Amazonas. En los últimos meses, Chevron ha hecho del Ecuador el blanco de una andanada de publicidad difamatoria poniendo en entredicho el ordenamiento jurídico del país, en un intento por eludir la sentencia conforme a la cual le ordena pagar aproximadamente 19.000 millones de dólares para limpiar el área y ofrecer servicios médicos y agua potable limpia a la población afectada.
El Presidente Rafael Correa presentó la campaña del Ecuador, titulada «La mano sucia de Chevron», el 17 de septiembre, durante una visita a una fosa contaminada cerca del pozo petrolero Aguarico 4, operado por Texaco hace varias décadas. La empresa, que se fusionó con Chevron en 2001, dejó atrás casi un millar de estas fosas durante tres décadas de explotación petrolera en la selva tropical amazónica (1964-1992), cubriendo una zona de más de un millón de acres [404.685 ha], donde se calcula que 18.000 millones de galones de agua contaminada con petróleo han continuado escurriéndose de las fosas sin protección o derramándose durante las lluvias torrenciales. La infiltración ha contaminado arroyos y ríos utilizados por la población local como fuente de agua potable, destruyó la fauna y la flora y afectó negativamente a la agricultura.
Correa calcula que los daños son mucho mayores que los ocasionados por el derrame de petróleo del Exxon Valdez en Alaska o por el derrame de BP en el Golfo de México. «ésta es una de las catástrofes más graves de la humanidad», anunció.
Texaco no cumplió con utilizar la tecnología adecuada, disponible en aquella época, con el fin de sellar las fosas y limpiar otros 17 millones de galones de derrames directos de petróleo. Esta práctica ahorró costos de producción de 2 a 3 dólares por barril, aumentando de ese modo las utilidades de la empresa. Un total de 54 sitios de producción inspeccionados por el Tribunal de primera instancia de Lago Agrio en el Ecuador mostraron todos ellos niveles de contaminación por petróleo que infringían normas jurídicas e internacionales. En la época de la operación de Texaco, la norma ecuatoriana para el total de hidrocarburos de petróleo en el terreno y en el agua era 10 veces más permisiva que la norma de los Estados Unidos pero, incluso así, la contaminación promedio que se halló fue 20 veces la norma ecuatoriana y, en algunos sitios, hasta 900 veces.
Según el Presidente Correa: «Con el fin de evadir sus responsabilidades, Chevron ha gastado más de 400 millones de dólares, tiene decenas de empresas de cabildeo y unos 900 abogados». Instó a los accionistas de la empresa a no convertirse en «cómplices indirectos de una compañía que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta sino que ahora busca impunidad».
Gayle McLaughlin, alcaldesa de Richmond (California), también estuvo presente en el lanzamiento de la campaña del Ecuador y denunció el «juego sucio» de Chevron con el afán de evadir responsabilidad tras el incendio en su refinería de Richmond en 2012, que afectó a más de 11.000 habitantes.
Un sistema internacional injusto
La demanda contra Chevron fue radicada en privado por un grupo de ciudadanos víctimas de la contaminación, que representa a los intereses de unos 30.000 habitantes locales, en su mayoría indígenas, que han sufrido de graves problemas de salud, incluidas más de una millar de muertes por causa del cáncer. Sin embargo, Chevron ha llevado el pleito ante un tribunal internacional de arbitraje en La Haya, invocando una presunta violación del Tratado Bilateral de Inversiones entre el Ecuador y los Estados Unidos.
El tratado entró en vigor en 1997, mientras que Texaco se marchó del Ecuador en 1992. Además, sólo cubre litigios con el estado y, por lo tanto, alega el Ecuador, no debería ser aplicable a una demanda privada. No obstante, el tribunal no sólo declaró su autoridad para aceptar el caso (aplicando el tratado retroactivamente), sino que ordenó al gobierno que tomara las medidas necesarias para obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia, dentro o fuera del Ecuador, desconociendo así la independencia del sistema judicial.
Chevron, cuyo interés principal es evitar la expropiación de sus activos en otros países para obtener el pago adeudado, alega que los acuerdos firmados con el gobierno del Ecuador en 1995 y 1998 (un período en el que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban más interesados en atraer inversiones que en defender sus soberanías) exoneran a la compañía de cualquier demanda ulterior e intentan hacer responsable al estado ecuatoriano de cualquier consecuencia que surja del juicio de Lago Agrio. Pero el mismo día que se lanzó la campaña, el tribunal en La Haya dictó un veredicto parcial en el cual dictaminó que la exoneración no impide las demandas privadas con respecto a los derechos individuales, aunque podría prohibir demandas «difusas» o «colectivas». Sin embargo, no pronuncia sentencia respecto a si esto se aplica al juicio de Lago Agrio. Las vistas se reanudarán en enero.
«éste es un caso emblemático que demuestra lo injusto e inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital y de las transnacionales sobre los pueblos, sociedades y naciones», dijo Correa. El Ecuador exige una reforma del sistema de tribunales arbitrales para los tratados de inversiones y ha propuesto la creación de un tribunal regional supeditado a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que funcionaría conforme a normas más justas.
La demanda privada entablada por la población afectada fue inicialmente radicada en Nueva York en 1993, en donde, durante nueve años, Chevron pretendió la absolución de la instancia por parte del tribunal y que fuera remitida para ser juzgada en el Ecuador. Cuando la compañía finalmente lo logró, la condición fue que aceptara el veredicto del tribunal ecuatoriano. Sin embargo, cuando éste resultó no ser favorable para ellos, en fallos sucesivos en 2011 y 2012 en Lago Agrio, los funcionarios de la empresa no se detuvieron ante nada con el fin de evitar que se dictara un fallo definitivo. Ahora entablan una nueva demanda ante un tribunal federal de Nueva York, en la que alegan que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegalmente.
Cualesquiera que fueren las consecuencias jurídicas definitivas, este caso es un claro ejemplo de cómo las poderosas corporaciones transnacionales utilizan su influencia financiera y política para desobedecer las normas legales, los derechos humanos y la protección ambiental, particularmente cuando tratan con países pobres y poblaciones marginales. Texaco logró salirse con la suya haciendo caso omiso de sus responsabilidades en la selva tropical amazónica durante décadas y ahora Chevron intenta forzar al Ecuador a desembolsar 19.000 millones de dólares para su operación de limpieza. Según el informe financiero de Chevron de 2012, las ventas y otros ingresos operativos de la empresa para el año 2012 ascendieron a 230.000 millones de dólares. El Ecuador, con 13 millones de habitantes, tiene un presupuesto fiscal anual total de tan sólo 26.000 millones de dólares.