El vocal del Consejo de la Judicatura Ulpiano Salazar (der.) explicó este viernes que si la sentencia contra los uniformados involucrados en los hechos del 30-S fue notificada antes de la suspensión a los jueces del Segundo Tribunal de Garantías Penales, la primera “debe surtir efecto” y entrar en vigencia.
Lo señaló al referirse a la decisión del presidente del Consejo, Benjamín Cevallos, de suspender a los jueces que determinaron la culpabilidad de seis policías por los hechos del 30 de septiembre por una supuesta mala integración del tribunal al nombrar a Xavier Andrade como juez Ad Hoc, lo que según Salazar no es contradice la ley y “se fundamenta en la norma legal que faculta su actuación”.
Salazar comentó en una entrevista con Ecuador TV que a ellos también la resolución les “tomó por sorpresa” y aclaró que si la sentencia emitida contra Rolando Tapia, exjefe de Escolta Legislativa, y los otros cinco uniformados fue ya notificada, esta “debe surtir efecto” ya que la suspensión a los jueces se suscitó después.
“La suspensión entra en vigencia a partir de que es notificada a los jueces” y este hecho se produjo después de que los abogados conocieran la sentencia que determinó tres años de cárcel para Tapia y entre un año ocho meses y un año para los demás involucrados.
Salazar aclaró que si la intención de la defensa es solicitar la nulidad de la sentencia, este pedido deberá ser procesado a través de un tribunal superior.
